La inviolabilidad del fuero parlamentario un estudio jurisprudencial y doctrinal sobre la responsabilidad penal por injuria, calumnia y otros delitos

Artículo de investigaciónArtículo de investigaciónLa presente investigación busca analizar la forma en que el fuero especial que conforma la inviolabilidad parlamentaria ha causado que los parlamentarios puedan en muchos casos sobrepasar los límites del mismo, causando sin saberlo que se vean envueltos en actos tendientes a la comisión de los delitos de injuria y calumnia. Por tanto en el presente escrito se busca analizar la verdadera naturaleza y extensión de dicha protección con el fin de delimitar la verdadera definición respecto de en qué punto puede o no estarse abusando de este derecho, desmitificando con esto ideas falsas que apunta a la existencia de ciertos “blindajes” que parecieran proteger desproporcionadamente las acciones de los parlamentarios.PregradoAbogad

Discurso de odio e ilegalización de partido político

Traballo fin de grao (UDC.DER). Dereito. Curso 2016/201

El aforamiento y su espacio en nuestro ordenamiento jurídico

Estudio el aforamiento en nuestro sistema constitucional y su extensión por Ley a otras figuras, poniéndolo en relación con las otras prerrogativas para los parlamentarios: la inviolabilidad y la inmunidad

LA INVIOLABILIDAD DE LOS CONGRESISTAS

El presente ensayo pretende dar cuenta de la institución de la inviolabilidad de los congresistas en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho, como es Colombia. Se propone establecer la naturaleza de dicha inviolabilidad, su necesidad y su alcance en el discurso jurídico; señalar su existencia y contenido dentro de nuestra historia constitucional; construir una trayectoria que traiga a cuento la jurisprudencia constitucional sobre la materia; determinar si existe o no un precedente aplicable; y definir si la Corte Suprema de Justicia tiene o no competencia para juzgar a los congresistas por sus votos u opiniones

LA INVIOLABILIDAD DE LOS CONGRESISTAS

El presente ensayo pretende dar cuenta de la institución de la inviolabilidad de los congresistas en el contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho, como es Colombia. Se propone establecer la naturaleza de dicha inviolabilidad, su necesidad y su alcance en el discurso jurídico; señalar su existencia y contenido dentro de nuestra historia constitucional; construir una trayectoria que traiga a cuento la jurisprudencia constitucional sobre la materia; determinar si existe o no un precedente aplicable; y definir si la Corte Suprema de Justicia tiene o no competencia para juzgar a los congresistas por sus votos u opiniones

La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado: España

Se inicia el presente estudio con el pertinente análisis histórico-constitucional de la libertad de expresión desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Transición política iniciada en 1976, cuya síntesis normativa más destacada es la actual Constitución de 1978. El segundo punto se centra en la legislación sobre la libertad de expresión. Lógicamente, se parte de la Constitución española de 1978, y concretamente de su artículo 20, que en sus cinco apartados regula este derecho junto con la libertad de información, los derechos de autor y la libertad de cátedra. Se dedica asimismo un epígrafe a las especiales garantías constitucionales de las que disfrutan estos derechos, en tanto que forman parte de la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I de la CE (arts. 15-29). Tras la exposición de la Constitución y de los diferentes artículos, que de una u otra forma se relacionan con el artículo 20, pasamos acto seguido al desarrollo legislativo que del mismo se ha realizado por parte de las Cortes Generales. A efectos pedagógicos, este apartado se ha estructurado en dos bloques. El primero de ellos se centra en aquellas diferentes leyes que han desarrollado directamente el artículo 20 CE, bien por mandato de la Constitución al poder legislativo, como es el caso de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia, o de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, bien porque afectan de manera directa al propio contenido del artículo 20, como es el caso, entre otras, de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual o de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual. Destacar que, en España, eso sí, no existe una ley específica que regule la libertad de expresión in integrum. El segundo bloque aborda las diversas leyes que, sin ser un inmediato desarrollo del artículo 20, de alguna manera influyen en su contenido y ejercicio. Comenzamos así con la conexión entre el artículo 20 CE y el 105.b) CE, que disciplina el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. En este punto cobra especial relieve la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Como en la mayor parte de los derechos fundamentales y libertades públicas, el Código Penal es una norma siempre a tener presente. En este sentido merecen destacarse los delitos de injurias y calumnias como límite genérico a la libertad de expresión, y la conocida como responsabilidad en cascada del artículo 30, específicamente centrada en el ámbito de la información y de sus profesionales. El artículo 116 CE regula los denominados estados de excepcionalidad, que desarrolla la LO 4/1981, de 1 de junio, y que posibilita la suspensión de parte de los derechos pertenecientes al artículo 20 CE. Se analiza también, a continuación, la normativa que afecta principalmente a la libertad de expresión y al derecho a la información en diferentes ámbitos normativos, tales como la seguridad ciudadana, la legislación militar, la sanitaria, la judicial, la tributaria, y las atinentes a las administraciones públicas, al ámbito educativo, a la extranjería y al comercio electrónico. El tercer punto analiza la significativa labor realizada por el Tribunal Constitucional a la hora de perfilar el contenido y desarrollo de este derecho, especialmente en sus tensiones y conflictos con los derechos regulados en el artículo 18.1, y en menor medida en el 18.4 CE. De entrada, y como dato relevante, nuestro TC entiende, al hilo de su reconocimiento singularizado en la Constitución, la libertad de expresión y el derecho a la información como derechos autónomos y dotados de sustantividad propia, más allá de sus innegables concomitancias e influencias recíprocas. Seguidamente, se aborda la cuestión fundamental del carácter preferente o prevalente de la libertad de expresión y del derecho a la información sobre los derechos personalísimos del art. 18.1 CE, siguiendo en este punto las pautas especialmente marcadas por las diferentes SSTEDH dictadas hasta la fecha. La doctrina constitucional española es amplísima en estos años. Una de las más extensas, sin duda, de las dictadas por la justicia constitucional. Por ello, nos hemos visto obligados a seleccionar las que resuelven las cuestiones más estructurales y sobresalientes. Así, hemos incidido en la exégesis de las plurales sentencias que afectan a la libertad de expresión y al contrato de trabajo, a los funcionarios públicos, a las Fuerzas Armadas, a su ejercicio por los abogados, a la libertad de cátedra, a qué se entiende por información veraz, al deber de diligencia de los profesionales de la información, al ejercicio adecuado del derecho de rectificación, al plazo de aplicación de la cláusula de conciencia, al contenido esencial de la proscrita censura previa o al régimen público o privado de la televisión y la radio. En el punto cuarto se examina el concepto de libertad de expresión y de derecho a la información, y la siempre delicada y controvertida cuestión de sus límites. El primer asunto nos lleva a proponer de esta suerte, un concepto de libertad de expresión acomodado lógicamente a lo prescrito en la jurisprudencia constitucional. A tal efecto, nos centramos en su diferenciación respecto del derecho a la información en cuatro principales aspectos: objeto, titulares, condiciones para el ejercicio legítimo del derecho y campo de actuación del mismo. En relación a los límites, como ya hemos apuntado, las principales SSTC resuelven los respectivos recursos de amparo planteados ante el TC, entre el derecho a la información, prioritariamente, y el derecho al honor, donde la jurisprudencia es realmente muy extensa. En menor medida se dan ciertos conflictos, que también se atienden con cierto detalle, con los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se completa su estudio, por último, con el análisis jurisprudencial en relación con el delito de injurias, la moral pública y el relativamente reciente derecho al olvido digital. Más allá del artículo 18 como límite, también incide, y algo señalaremos al respecto, en la libertad religiosa y de conciencia del artículo 16 CE. Terminamos este punto con el novedoso límite del denominado discurso del odio y la regulación del que podría ser el delito de odio. Materia todavía abierta, y sobre la que no hay una clara y unánime postura doctrinal. Finalizamos con las oportunas conclusiones, en la siempre difícil y arriesgada proyección respecto de la evolución futura, en cuanto al contenido y límites de un derecho fundamental tan sensible para el desarrollo del individuo y la ordenación de la vida social en las sociedades modernas que se configuran bajo la forma de un Estado de Derecho

Límite temporal del fuero constitucional para los congresistas: análisis corte suprema de justicia vs jurisdicción especial para la paz en el caso “Jesús Santrich”

La contextualización de la problemática a abordar se fundamenta de manera principal en la celebración del Acuerdo Final para la Paz celebrado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional; en donde el anterior grupo al margen de la ley se constituyó como un nuevo partido político a quienes se les garantizó su participación política y la reinserción social por medio de la asignación de curules por parte del consejo electoral en el Congreso de la Republica de Colombia. En este sentido, le correspondió una curul al miembro del partido político de las FARC con nombre Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”, quien con posterioridad a la firma del acuerdo de paz fue acusado por un Juzgado de Nueva York por el delito de narcotráfico y en consideración fue solicitado en extradición. No obstante, frente a la incertidumbre jurídica sobre el órgano de justicia que le correspondería juzgarlo se fundamenta el presente trabajo de grado que se constituye a partir del análisis temporal del fuero constitucional y legal que le corresponde a los miembros del congreso, una vez reciben credenciales por parte del consejo electoral, aunado a ser miembro del grupo político de las FARC y gozar de las prerrogativas que se derivan del acuerdo final para la paz.La contextualización de la problemática a abordar se fundamenta de manera principal en la celebración del Acuerdo Final para la Paz celebrado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional; en donde el grupo anterior al margen de la ley se encuentra como un nuevo partido político a quienes se les garantizó su participación política y la reinserción social por medio de la asignación de curules por parte del consejo electoral en el Congreso de la República de Colombia. En este sentido, le correspondió una curul al miembro del partido político de las FARC con nombre Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”, quien con posterioridad a la firma del acuerdo de paz fue acusado por un Juzgado de Nueva York por el delito de narcotráfico y en consideración fue solicitado en extradición. No obstante, frente a la incertidumbre jurídica sobre el órgano de justicia que le correspondería juzgarlo se fundamenta el presente trabajo de grado que se constituye a partir del análisis temporal del fuero constitucional y legal que le corresponde a los miembros del congreso, una vez reciben credenciales por parte del consejo electoral, aunado a ser miembro del grupo político de las FARC y gozar de las prerrogativas que se derivan del acuerdo final para la paz.Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de derecho y ciencias política

Las prerrogativas parlamentarias de las Cortes Generales: El aforamiento en el Parlamento español

Las prerrogativas se encuentran reguladas tanto en España como en el resto de estados de nuestro alrededor, a salvedad de la figura del aforamiento que no se instaura en algunos estados, o es concedida de forma más limitada. La inviolabilidad y la inmunidad son prerrogativas extraídas del artículo 71 de la Constitución española que ayudan a proporcionar un buen funcionamiento del Parlamento, mientras que el aforamiento, también recogida en la Constitución, ha surgido como medida para asegurar la independencia de la institución. Según parte de la doctrina, y parte de la ciudadanía, el aforamiento es un sistema diferenciado que carecería de justificación, atentando así, contra el Principio de Igualdad. Al final observamos como estas cuestiones han hecho mella, no sólo en la ciudadanía, sino también en el ámbito político, porque a lo largo de este último año es cuando más menciones políticas se han hecho a raíz de la entra en juego de Ciudadanos, partido que ha intentado introducir poco a poco la eliminación de los aforados.Prerogatives are regulated both in Spain and in the rest of the states around us, except for the figure of assessment that is not established in some states, or is granted in a more limited way. Infringement and immunity are prerogatives drawn from Article 71 of the Spanish Constitution, which help to ensure a proper functioning of Parliament, while the provision, also enshrined in the Constitution, has emerged as a measure to ensure the independence of the institution. According to part of the doctrine, and part of the citizenship, empowerment is a differentiated system that would lack justification, thus attacking against the Equality Principle. In the end we see how these issues have made a dent, not only in citizenship, but also in the political arena, because during the last year is when more political mentions have been made following the entry of Citizens, party Which has tried to gradually introduce the elimination of the measures

La opinión frente a los delitos de injuria y calumnia : análisis jurisprudencial

El propósito de la presente investigación se centra en realizar un análisis jurisprudencial a través del cual se determine la opinión frente a los delitos de injuria y calumnia en contraposición con los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al buen nombre dada la naturaleza de fundamental que otorga la Constitución Nacional cuando en sus artículos 15, 20 y 21 respectivamente consagra el respeto que se debe a éstos y la obligación del Estado de garantizar su eficacia. Desde esta óptica, se realizan las respectivas consideraciones sobre la primacía de la libertad expresión, la menor restricción del bien jurídico e integridad moral de los funcionarios y personajes públicos y la protección de los derechos a la honra y el buen nombre y la responsabilidad que se deriva por su vulneració